Educando con legalidad

El derecho de defensa en el ámbito administrativo es fundamental para garantizar el debido proceso y proteger los derechos de los servidores públicos. En este contexto, se asegura la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de las acusaciones, presentar pruebas y ser escuchado durante el procedimiento. Esto implica que los órganos administrativos deben ser imparciales, permitiendo a los servidores públicos conocer los cargos en su contra, presentar pruebas a su favor y cuestionar las pruebas en su contra.

Este derecho no solo tiene implicaciones en términos de sanciones disciplinarias, sino también en la protección de los derechos laborales y profesionales de los servidores públicos, evitando decisiones arbitrarias que puedan afectar su carrera y reputación.

Los protocolos del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE) actualmente CONEBI en el Estado de México son un conjunto de directrices obligatorias diseñadas para la prevención, detección y atención de situaciones que vulneran la integridad de las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar.

Su objetivo principal es establecer una ruta de actuación clara para que las autoridades educativas y servidores públicos sepan cómo proceder ante actos de violencia, garantizando la protección de los menores y el deslinde de responsabilidades legales.

¿En qué consisten estos protocolos?

De manera general, estos lineamientos establecen pasos sistemáticos que incluyen:

• Informar y notificar: comunicación inmediata a las autoridades superiores, al CONVIVE y a los padres o tutores.
• Protección de la víctima: implementación de medidas para garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los involucrados.
• Medidas preventivas: en casos donde el presunto responsable es un servidor público, se procede a la separación provisional de sus funciones frente a grupo.

Tipos de protocolos de actuación

El documento detalla cinco escenarios específicos según la naturaleza del incidente:

1. Abuso sexual por parte de un servidor público Se enfoca en la denuncia jerárquica y ante el CONVIVE, la separación inmediata del cargo del presunto responsable y la vinculación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
2. Abuso sexual en flagrancia entre estudiantes Prioriza el llamado inmediato a seguridad pública (911), el aviso a los padres y la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (DIFEM).
3. Sospecha o reporte de abuso sexual Establece la importancia de escuchar al menor, elaborar el acta de hechos y notificar tanto al DIFEM como a la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.
4. Acoso escolar (bullying) Se centra en la supervisión de las actividades del menor afectado, la emisión de advertencias verbales y escritas al generador de violencia y, en casos persistentes, la canalización a atención especializada o transferencia escolar temporal.
5. Maltrato escolar por parte de personal docente o administrativo Al igual que en el abuso por servidores públicos, se requiere la separación del cargo y la colaboración en el diagnóstico sobre la vulneración de derechos de los menores.