Educando con legalidad

El derecho de defensa en el ámbito administrativo es fundamental para garantizar el debido proceso y proteger los derechos de los servidores públicos. En este contexto, se asegura la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de las acusaciones, presentar pruebas y ser escuchado durante el procedimiento. Esto implica que los órganos administrativos deben ser imparciales, permitiendo a los servidores públicos conocer los cargos en su contra, presentar pruebas a su favor y cuestionar las pruebas en su contra.

Este derecho no solo tiene implicaciones en términos de sanciones disciplinarias, sino también en la protección de los derechos laborales y profesionales de los servidores públicos, evitando decisiones arbitrarias que puedan afectar su carrera y reputación.

Los protocolos del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE) actualmente CONEBI en el Estado de México son un conjunto de directrices obligatorias diseñadas para la prevención, detección y atención de situaciones que vulneran la integridad de las niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar.

Su objetivo principal es establecer una ruta de actuación clara para que las autoridades educativas y servidores públicos sepan cómo proceder ante actos de violencia, garantizando la protección de los menores y el deslinde de responsabilidades legales.

¿En qué consisten estos protocolos?

De manera general, estos lineamientos establecen pasos sistemáticos que incluyen:

• Informar y notificar: comunicación inmediata a las autoridades superiores, al CONVIVE y a los padres o tutores.
• Protección de la víctima: implementación de medidas para garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los involucrados.
• Medidas preventivas: en casos donde el presunto responsable es un servidor público, se procede a la separación provisional de sus funciones frente a grupo.

Tipos de protocolos de actuación

El documento detalla cinco escenarios específicos según la naturaleza del incidente:

1. Abuso sexual por parte de un servidor público Se enfoca en la denuncia jerárquica y ante el CONVIVE, la separación inmediata del cargo del presunto responsable y la vinculación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
2. Abuso sexual en flagrancia entre estudiantes Prioriza el llamado inmediato a seguridad pública (911), el aviso a los padres y la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (DIFEM).
3. Sospecha o reporte de abuso sexual Establece la importancia de escuchar al menor, elaborar el acta de hechos y notificar tanto al DIFEM como a la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.
4. Acoso escolar (bullying) Se centra en la supervisión de las actividades del menor afectado, la emisión de advertencias verbales y escritas al generador de violencia y, en casos persistentes, la canalización a atención especializada o transferencia escolar temporal.
5. Maltrato escolar por parte de personal docente o administrativo Al igual que en el abuso por servidores públicos, se requiere la separación del cargo y la colaboración en el diagnóstico sobre la vulneración de derechos de los menores.

La bitácora escolar no es solo un registro de incidencias; en el marco jurídico del Estado de México, constituye un instrumento legal de protección para el personal docente y directivo. Actúa como una prueba documental pública que garantiza el debido proceso y la seguridad jurídica frente a posibles responsabilidades administrativas, laborales, civiles o incluso penales.

En el Estado de México, el uso de la bitácora se alinea con los Protocolos para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica del Subsistema Estatal.

Su función principal es dar fe de hechos ocurridos dentro del plantel, asegurando que la actuación de la autoridad educativa sea transparente y apegada a derecho.